Evo renuncia tras escandaloso fraude electoral en Bolivia

La Biblia y la carta entraron a Palacio Quemado.

En Bolivia no hay ningún golpe; ha existido un escandaloso fraude electoral comprobado. Esa es la afirmación de los diversos sectores sociales, líderes políticos, cívicos e instituciones del país sudamericano.
El presidente de Bolivia, Evo Morales renunció a su cargo el domingo 10 de noviembre, luego de que la auditoría internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmara que los resultados de las elecciones del pasado 20 de octubre no podían ratificarse debido a “graves irregularidades”. Lo que ratificó las cientos de denuncias sobre el fraude en el proceso eleccionario.
Morales aseguró que renunció “por el bien del país”, el cual ha sido sacudido por múltiples protestas ciudadanas que iniciaron dos días posteriores a los comicios, luego de las irregularidades realizadas por el Tribunal Supremo Electoral.
Las denuncias acusaron a las autoridades electorales de manipular el conteo de votos a favor de Morales. El vicepresidente Álvaro García Linera también renunció minutos después de Morales.
Morales dimitió a su cargo apenas horas después de prometer que se celebrarían nuevas elecciones y que el órgano electoral del país sería reemplazado, tras el informe de la Organización de los Estados Americanos.
Una serie de supuestas irregularidades –que incluyen fallas en la cadena de custodia de las papeletas, alteración y falsificación de material electoral, redirección de datos a servidores no autorizados y manipulación de datos– impactaron el conteo oficial de los votos, aseguró la OEA.
Durante las horas posteriores al cierre de las urnas, los resultados preliminares mostraban que Morales superaba ligeramente a su oponente, el expresidente Carlos Mesa. El estrecho margen habría provocado una segunda vuelta en diciembre.
Pero la oposición y los observadores internacionales comenzaron a sospechar después de que los funcionarios electorales detuvieron el conteo durante aproximadamente 24 horas sin ninguna explicación. Cuando se reanudó el proceso, el liderazgo de Morales había aumentado significativamente, dándole los votos necesarios para evitar la segunda vuelta.
“Las manipulaciones al sistema informático (utilizado en las elecciones) son de tal magnitud que el Estado boliviano debe investigarlas profundamente para llegar al fondo (de este tema)”, dijo la OEA, en parte.
La organización recomendó nuevas elecciones bajo “nuevas autoridades electorales para ofrecer un proceso confiable”.
Los llamados para que Morales renunciara surgieron luego de una escalada de violencia generada por los seguidores del Movimiento al Socialismo, partido en función de gobierno, lo cual segó la vida de 4 personas en el país andino.
La dirigencia cívica nacional sostiene que el presidente Morales ignoró la voluntad popular y se decidió por una nueva postulación inconstitucional, empleando argucias jurídicas que no tendrían cabida en un país con independencia de poderes, en específico, el poder judicial y electoral.
Este embuste jurídico se materializó con la Sentencia Constitucional SCP 0084/2017 del 28 de noviembre de 2017, que desconoció el resultado del referéndum del 21 de febrero del 2016, en el cual la mayoría del pueblo boliviano determinó que Morales no podría postularse a otro período presidencial, tal cual lo estipula la CPE de Bolivia en su artículo 168.
El colosal fraude electoral durante las elecciones generales del día 20 de octubre fue el detonante para el descontento civil generalizado. Previamente a estos sucesos, la población boliviana, cansada de los abusos y excesos del gobierno de turno, se decidió por salir a las calles en defensa del sistema democrático. La ciudadanía optó por manifestar su descontento con paros indefinidos pacíficos en todas las ciudades. El día de hoy, Bolivia se encuentra en el día 20 de paro indefinido nacional.
El pasado 4 de noviembre del presente, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se realizó el Cabildo Nacional “De la Unidad”. Éste contó con la presencia de representantes de todos los Comités Cívicos del país. Allí, el pueblo boliviano decidió unánimemente exigir la renuncia del presidente Morales, reconformar el Órgano Electoral con miembros notables y probos, y, posteriormente, convocar a nuevas elecciones.
El gobierno del presidente Morales optó por una actitud soberbia hacia la ciudadanía, llegando incluso a promover la violencia mediante cercos a las ciudades por parte de los militantes y simpatizantes del Movimiento al Socialismo. Las acciones impulsadas desde el gobierno ocasionaron el aumento de la violencia y el repliegue de la Policía Nacional y de las FFAA, que anunciaron que no reprimirían al pueblo boliviano.
Los líderes cívicos Luis Fernando Camacho, de Santa Cruz, y Marco Pumari, de Potosí, señalan enfáticamente que en Bolivia no se gestó un golpe de Estado como denunció el presidente renunciante. Asimismo Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés y representante del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, indicó que la renuncia se dio en medio de una crisis política y convulsión social que exigió su dimisión después de comprobarse el fraude electoral por parte de su partido político.