La Cumbre de Líderes por la Unidad de Santa Cruz fue productiva

Al evento asistieron representantes de sectores de 30 instituciones públicas y privadas para hablar de las diferentes problemáticas regionales y generar propuestas para Santa Cruz

El Comité pro Santa Cruz organizó la «Cumbre de líderes por la unidad de Santa Cruz», encuentro que reunió a las máximas autoridades ejecutivas de instituciones públicas y privadas, gremios y  sectores, a través de sus máximos exponentes para concertar una agenda de prioridades inmediatas, basados en tres ejes temáticos: la unidad, la libertad y la autonomía.

Diez oradores hicieron uso de la palabra, como representantes de 30 instituciones de diferentes sectores sociales,  quienes al finalizar las exposiciones firmaron una declaración conjunta por la Unidad de Santa Cruz, que incluye 10 puntos importantes.

Para esta primera ocasión, se ha convocado la institucionalidad, a través de quienes tienen poder de decisión en las entidades públicas y privadas,  que cumplen diferentes roles en la sociedad civil y el sistema político de Santa Cruz.

“La unidad de nuestras instituciones y la gente ha logrado el desarrollo de Santa Cruz desde siempre, es el camino” expresó el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach quien afirmó también que la reunión tenía como objetivo propiciar la unidad y reintegrar a la institucionalidad de Santa Cruz.

UNIDAD DE COMUNICACIÓN COMITÉ PRO SCZ/6/3/24

ANEXO: 

COMPROMISO CONJUNTO, 10 PUNTOS:

Las instituciones, gremios, sectores y gobiernos autónomos que constituyen la institucionalidad cruceña, a través de sus máximas autoridades ejecutivas, nos comprometemos a impulsar decisiones, gestiones y acciones que permitan fortalecer de manera sostenible la unidad, defender la libertad y promover la profundización del proceso autonómico.

En este marco nos planteamos:

• Reivindicar el plan de acción para establecer una nueva relación de Santa Cruz con el Estado y unir esfuerzos y gestiones ante el sistema político boliviano para su gradual aplicación, conforme se lo tiene proyectado, en cumplimiento de un mandato multitudinario expresado en un cabildo.
• Exigir al Estado: seguridad jurídica para la inversión; libertad de exportación y levantar todas las restricciones a las exportaciones de productos agropecuarios; control público-privado del contrabando; revalorización del mercado interno y políticas públicas a favor de la productividad y competitividad.
• Perfeccionar el modelo cruceño en aras de su sostenibilidad, profundizar nuestro desarrollo sin descuidar el medio ambiente, la inclusión social, la innovación y la tecnología, la educación de calidad, el fomento del emprendedurismo.
• Enfrentar en unidad la recesión económica y las amenazas sociales emergentes, como la reducción del acceso de la población a servicios básicos indispensables a fin de evitar el deterioro de las capacidades productivas, la disminución del poder adquisitivo y de las capacidades de inversión de las empresas; la amenaza de mayor intervención estatal, control de precios, de divisas, mayores regulaciones y prohibiciones.
• Unir esfuerzos para revertir pacíficamente los ataques al sector productivo (saneamiento de tierras, incertidumbre en la propiedad, avasallamientos, colectivización forzosa de la tierra); la invasión de sus áreas protegidas, parques, reservas y en general a las tierras fiscales del departamento.
• Impulsar acciones y gestiones para la aprobación de una ley de bioeconomía circular, que permita resolver en el fondo los problemas de acceso a la biotecnología agropecuaria y establezca un sólido marco normativo para el uso de transgénicos y nuevas tecnologías emergentes en agricultura.
• Promover la formalización de una normativa de alianzas público privadas para que asociaciones empresariales o gremiales puedan formar parte del emprendimiento de obras púbicas necesarias para la producción y la exportación de productos agropecuarios.
• Demandar a las autoridades nacionales el desalojo de avasalladores, la conclusión del saneamiento sin la vulneración de derechos y exigir la validez de los títulos saneados. Así también, formalizar un acuerdo específico para viabilizar de manera conjunta el auto-saneamiento de cada una de las regiones a fin de frenar los avasallamientos.
• Aunar esfuerzos interinstitucionales, público- privados, para garantizar la realización del censo, de manera transparente, con la visión de hacer cumplir la norma, en sentido que sus resultados sean vinculantes para su aplicación económica y electoral antes de 2025.
• Designar una comisión técnica y de seguimiento para viabilizar los compromisos asumidos y evaluar sus resultados de manera permanente.