El Comité Pro Santa Cruz ante La Persistente Persecusión Política a Ciudadanos

Este próximo 16 de abril, se cumplirán 4 años de un hecho que conmovió al país, cuando en el hotel Las Américas, la policía dio muerte a tres personas acusándolos de terrorismo, acusación que sirvió luego para perseguir dirigentes cívicos y políticos del oriente boliviano, afirmando que dichos ciudadanos planificaron atentados terroristas para viabilizar el separatismo de las regiones orientales y hasta el asesinato de la primera autoridad política del país. Desde aquella fecha muchos son los indicios y datos sobre la realidad de los hechos, como el video soborno, las declaraciones de diversos investigados o los audios con declaraciones del fiscal del caso, que dejan entrever una maquinación planificada y dirigida a descabezar la institucionalidad del oriente que solo luchaba por una real Autonomía Departamental. No se ha desarrollado una investigación real sobre éstos hechos, ni se ha querido escuchar a los denunciantes de las irregularidades y a quienes contribuyeron a acercarnos a la verdad; por el contrario, se los ha perseguido.

El hecho real es que, como consecuencia de ello, hay un gran número de personas detenidas o cauteladas por más del doble del tiempo que las leyes nacionales y convenios internacionales de protección a los derechos humanos, señalan como suficientes para ventilar estas causas y otras, han sido obligadas al exilio para preservar su seguridad e integridad física. Este proceso nació plagado de errores, vicios y excesos que, nunca fueron corregidos: – La denegación de que la causa sea conocida por un Juez en Santa Cruz, en franco incumplimiento de la legislación boliviana y las convenciones internacionales. – La falta de objetividad e imparcialidad en la investigación del ministerio público, incumpliendo estos principios fundamentales consagrados en su ley orgánica. – Las detenciones preventivas excedidas en plazo, que siendo una excepción en el procedimiento penal boliviano, ha sido utilizada como regla, sobrepasando los 18 meses máximos establecidos por ley. – Exceso en la duración del proceso, el sistema Interamericano de justicia ha fallado en sentido que los procesos se deben llevar dentro de los plazos razonables, que en la jurisprudencia boliviana no deben sobrepasar los 36 meses. Por todo ello, el Comité pro Santa Cruz, manifiesta que no se puede mantener la injusticia y el abuso de autoridad por más tiempo. El Estado boliviano y el Órgano Judicial en particular, en cumplimiento de la preservación del debido proceso y las garantías constitucionales, tienen la obligación de declarar la nulidad inmediata del irregular proceso para el restablecimiento de los derechos vulnerados de los detenidos por el caso denominado terrorismo.

Santa Cruz, 12 de abril de 2013