

Santa Cruz, 17 de septiembre de 2015.- El Comité pro Santa Cruz insta a que prime la racionalidad sobre el grupo de personas que construyó de manera irregular un dique que desvía el cauce del río Grande. Esto afectaría a todos los municipios y comunidades que se encuentran aguas arriba de este caudal, perjudicando alrededor de 100 mil hectáreas productivas.
El presidente del Comité Cívico, Roger Montenegro, manifestó que esta obra puede ocasionar un daño ambiental irreversible. Además, afirmó que se pretende cambiar el curso natural del río, de un municipio a otro, lo que podría ocasionar rebalses o inundaciones cuando se presenten lluvias y crecidas del río. Hemos tomado conocimiento sobre un grave problema que está sucediendo sobre el río Grande, con una intervención de algunas comunidades entre los municipios de El Puente y San Pedro, poniendo en peligro los defensivos de Searpi; esto es un precedente muy grave porque cuando se trata del agua, de encausar ríos, esto es muy delicado. Nos preocupa lo que está sucediendo y ojalá que se pueda imponer la racionalidad, dijo el líder cívico tras la reunión técnica-informativa en Anapo.
Montenegro pidió asimismo celeridad de la Justicia, toda vez que la denuncia ya está sentada en la Fiscalía y son varios delitos que se están cometiendo, entre ellos transgresiones ambientales.
Por su parte, Luis Fernando Roca, secretario Jurídico de la Gobernación, informó que la denuncia es realizada contra los implicados en atentar contra el régimen constitucional de los recursos naturales, por el delito de traición a la patria, y que el Ministerio Público será el encargado de realizar las averiguaciones correspondientes, para determinar quiénes están cometiendo este delito ambiental.
Asimismo, informó que esta obra no tiene ninguna licencia o autorización, ni de la Gobernación ni del Gobierno Central; tampoco tiene un plan de manejo para realizar un cambio de esta magnitud, por lo cual los daños ambientales atentarían contra la seguridad alimentaria del país, pues dañarían los defensivos que se han venido construyendo a lo largo de estos años con el único fin de proteger sembradíos y pueblos enteros.
En tanto, la Cámara Agropecuaria del Oriente, CAO, se declaró en estado de emergencia ya que son cerca de 100 mil hectáreas productivas las que correrían el riesgo de desaparecer por el rebalse del río a consecuencia del dique.