Santa Cruz, 07 de marzo de 2016.- A casi siete años del supuesto caso terrorismo, el Comité pro Santa Cruz expresó este lunes su solidaridad con las familias cruceñas que están sometidas en este proceso judicial. El presidente cívico, Roger Montenegro, junto a directores de la institución, visitó esta mañana al general Gary Prado Salmón, quien se encuentra con detención domiciliaria desde hace seis años.
El sentido de la visita que hemos hecho al general es de expresarle nuestra solidaridad; estamos con él, con su familia, y con todos los que están presos en Bolivia, los cruceños que ya casi siete años están recluidos sin sentencia y que para nosotros eso constituye un hecho de injusticia, una violación a los derechos humanos y a los derechos individuales, indicó.
Asimismo, la comitiva del Comité pro Santa Cruz manifestó su apoyo moral con todos los cruceños que están en una situación similar. Montenegro dijo que estar siete años sin sentencia es una violación a la Constitución Política del Estado, que no puede darse en Bolivia ni en ningún otro país del mundo.
Por ello, el Comité Cívico ha levantado su voz de protesta para que en el país se reinstaure plenamente el estado de derecho, y que los ciudadanos tengamos la posibilidad cuando exista algún conflicto con la ley, o seamos acusados, de poder tener un juicio justo.
Montenegro dejó en claro que lo único que se pide es un juicio justo. Eso es lo que estamos pidiendo: justicia, nada más, para estos hermanos cruceños. Por eso en una reunión de Directorio decidimos hacer este gesto para testimoniarle al general y a todos los que están en la misma situación, y a sus familias que están sufriendo este infierno que están pasando.
El general Prado valoró la visita, sobre todo porque hubo un momento en Santa Cruz donde nadie se animaba a darles un respaldo ante una causa justa.
Está muy claro que aquí hay una intencionalidad política, eso no lo podemos negar, porque son declaraciones públicas del presidente, del vicepresidente, donde le han ordenado al juez: ‘usted tiene que condenarlos’. En la propia acusación no figura nada de querer matar al presidente, sin embargo él está convencido de que era un plan para asesinarlo y ha ordenado, indicó Prado.
Nosotros pedimos que se haga justicia, que se cumpla la ley. Van a ser siete años del asalto al hotel Las Américas y la muerte de los tres ciudadanos, y en estos siete años hay presos políticos con detención preventiva, contra la Constitución, la ley y contra todos los preceptos jurídicos, declaró el general.