Subyace la preocupación porque los cambios registrados por el censo en la densidad poblacional pueden no ser aplicados, a efectos de la distribución de recursos, hasta 2014. La misma suerte puede correr la definición de la representación parlamentaria para las elecciones del próximo año, sino hasta las que deben celebrarse en 2019. La falta de tiempo para la implementación de dichos cambios puede ser el argumento a emplearse como justificativo.
A estas alturas se hace inevitable recordar que el censo 2012 fue objeto de serios cuestionamientos en su etapa organizativa y en su propia ejecución.