Hemos decidido que la nueva relación de Santa Cruz con el Estado boliviano tiene que cimentarse en la libertad. Una nueva relación de Santa Cruz con el Estado no puede, jamás, pensarse, como subordinación al Estado.
Eso no va con nosotros, no lo decimos por arrogancia, sino por concordancia y correspondencia histórica, también por experiencia presente y por visión de futuro; una relación de Santa Cruz con el Estado, basada en el sometimiento cultural, en la sumisión como sociedad al centralismo, en la obsecuencia política y en las restricciones y prohibiciones económicas que impone e imponga Estado boliviano, implicaría una condena anticipada a la extinción de Santa Cruz.
Eso de «hemos decidido», viene desde aquella controvertida incorporación de Santa Cruz a la naciente república de Bolivia. Parafraseando a un reconocido historiador cruceño, «somos bolivianos porque nos da la gana».
Nuestra libertad no se la debemos ni a Bolívar ni Sucre. Santa Cruz ya era territorio libre en 1825 cuando proclamó su independencia el 14 de febrero de ese año. Santa Cruz tuvo sus propias batallas, sus propias conquistas y obtuvo su libertad que, insisto, es la propiedad intangible más preciada de los cruceños.
Ha sido la libertad la que ha definido nuestro destino. Decidimos, por cuenta propia liberarnos de la monarquía española. Lo hicimos sin recibir ninguna ayuda, ninguna contribución ni participación de las fuerzas altoperuanas durante el período emancipador.
Este ideal de libertad está en nuestros genes. Así ha sido por siglos. Por eso, no podemos renunciar a él, en cualquier proyecto que formulemos, más aún, si se trata de definir nuestra relación con el Estado central.
Esta idea de libertad, también es un sentimiento; se ha mantenido y se mantiene inalterable después de dos siglos. Como se fundamenta en una publicación de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos, «este mismo sentimiento, medio siglo después de la creación de Bolivia, es el que llevó, a Andrés Ibáñez a luchar y morir por una revolución federal. Este mismo pensamiento, también 50 años después, impulsó a reclamar, mediante un memorándum en 1904, que el desarrollo de Bolivia debería hacerse desde Santa Cruz. Este mismo ideal desembocó en las sangrientas luchas cruceñas de los años 20 por un ferrocarril. Con el mismo postulado se luchó durante la mitad del siglo pasado por las regalías petroleras del once por ciento».
«Así ha sido para los cruceños esta aspiración libertaria. Libertad, según las circunstancias, las épocas, los intereses y los protagonistas, tiene distinto objetivo. Libertad, en algún momento fue sinónimo de independencia de la Corona española… libertad también fue en su momento proclamar federalismo… libertad fue desarrollo, libertad fue ferrocarril, libertad fue regalías petroleras, libertad fue descentralización, libertad… es autonomía».
Una relación con el Estado boliviano que no anteponga, por sobre todas las cosas, la libertad, es una traición inaceptable a nuestro himno que nos compromete ser siempre libres.
No hay que olvidar que, en este último año transcurrido, hay más presos y perseguidos políticos, continúan los avasallamientos, han proliferado los incendios forestales provocados, la persecución judicial no cesa, aumentó la inseguridad jurídica en el desarrollo de las actividades económicas.
Por eso, al presentar hoy un nuevo diseño de esta relación, más que exponerlo como un planteamiento, comenzamos afirmando que se trata de una DE-CI-SIÓN… Sí, una decisión categórica ineludible. Decisión que ya viene de un cabildo multitudinario… y los cabildos son resolutivos.
Al formular esta relación en libertad, basada en la libertad y proyectada en libertad, estamos respondiendo al legado de nuestro pasado, honrando el compromiso, el heroísmo y el protagonismo de quienes forjaron nuestra libertad y hasta entregaron su vida por ella.
En síntesis, la relación con el Estado de Bolivia debe proyectar una Santa Cruz libre.
Libre para decidir cómo y qué producir; libre para planificar su futuro; libre para disponer de los recursos que genera; libre para preservar y proteger su ecosistema y medio ambiente; libre para definir que los contenidos pedagógicos del sistema educativo sean coherentes con su historia, tradición e identidad cultural; libre de una policía represora, corrupta y extorsionadora.
Se trata de vivir en libertad. Y vivir en libertad significa vivir en un estado de derecho y con seguridad jurídica.
Así que, nos proponemos: liberarnos del centralismo.
No se malinterprete, no estamos planteando una ruptura con el Estado boliviano; queremos liberarnos de las cadenas opresoras del centralismo absorbente, discriminador, antidemocrático y excluyente.
Y lo vamos a hacer en dos distintas etapas. En cada una se incluyen gestiones, acciones estratégicas y diferentes actores, herramientas y recursos.
Nuestro plan es… liberar las autonomías secuestradas.
Esa liberación supone medidas a corto y mediano plazo.
Lo habíamos anunciado hace poco, al presentar el diagnóstico preliminar del proyecto, una nueva relación con el Estado supone construir un camino hacia la libertad, y en ese camino, optamos por la ruta más corta, la menos complicada, la más viable, la que ya tiene cimientos, sobre la que podemos seguir construyendo para transitar hacia proyectos más ambiciosos.
Reafirmamos entonces, la autonomía es el camino… no el destino.
Esta relación exige profundizar las autonomías; la estructura existe, solo hay que construir en ella, empezando por quitar los escombros.
Cuando se construyó la autonomía, se incorporó a la estructura política del país, gobiernos departamentales que antes no existían, con gobernadores electos por voto popular, con asambleas con capacidad legislativa, con competencias exclusivas y responsabilidades compartidas y concurrentes con el Estado central.
Como aquí se ha explicado, poco después de que se instauró, estatuyó y constitucionalizó la autonomía en Bolivia, el centralismo se encargó de encarcelar la autonomía.
Sí, literalmente, el centralismo no solo persiguió y encarceló autonomistas, a quienes llamó terroristas, también encarceló el sistema autonómico, mutilando sus competencias, cercando su aplicación con leyes centralistas, criminalizando el ejercicio de los estatutos autonómicos, impidiendo a los departamentos que puedan ejercer lo que la Constitución y sus estatutos establecían.
La autonomía no fracasó, simplemente fue secuestrada. ¡Y vamos a liberarla!
Con la liberación de las competencias prisioneras, vamos a recuperar potestades a fin de no tener que estar expuestos a la persecución judicial y, con ello, restablecer el imperio de la ley para lograr la libertad de los presos y procesados por razones políticas.
El proyecto presentado hoy, promueve un nuevo orden jurídico constitucional que plantea adoptar medidas a corto y mediano plazo para liberar primero las autonomías y luego profundizarlas, a fin de lograr su plenitud en los ámbitos organizativo institucional, económico-financiero, normativo y territorial administrativo. Asimismo, una descentralización fiscal consolidando el pacto fiscal.
Se proponen, en este plan, acciones de índole jurídico, legal y constitucional para contrarrestar el bloqueo normativo y administrativo del nivel central del Estado que impide el correcto funcionamiento de las autonomías, impulsando propuestas normativas modificatorias, abrogatorias o derogatorias de las leyes nacionales invasivas, así como promover la reforma parcial a la Constitución, activada por un referéndum popular con alcance nacional.
Ello supone, la identificación de los límites competenciales, planteando un nuevo menú para el diseño de una nueva relación de Santa Cruz con el Estado, mediante la profundización de las autonomías, como parte de un plan estratégico a consolidarse a mediano plazo.
Para expresarlo en modo más sencillo. Hemos realizado un inventario minucioso de todos los candados legislativos que tienen clausuradas las puertas autonómicas.
Lo importante de este plan es que hemos encontrado las llaves, los responsables, las acciones y las herramientas para abrir cada uno de esos candados. Puerta por puerta… y todo a su tiempo.
Algunas de estas llaves activarán recursos de inconstitucionalidad, propuestas de modificación, eliminación parcial o total de las leyes que nos tienen esclavizados al centralismo.
De eso se trata, de romper leyes esclavizadoras. En eso consiste esta primera etapa. Una vez liberados los candados legislativos, avanzamos a la segunda fase que es liberar los candados constitucionales, activando, mediante referéndum, una modificación parcial y específica de la Constitución.
En esta segunda fase, se plantea que el referéndum sea vinculante departamentalmente, para su viabilización en aquellos departamentos con voluntad, capacidad y vocación autonómica.
De esta manera, podemos empezar a construir un modelo asimétrico, mediante el desarrollo de un proceso autonómico diferenciado entre los departamentos que opten por recorrer este.
Si hay gente que esperaba que aquí proclamemos una lucha armada o apelar y métodos violentos para romper abruptamente con el Estado boliviano, siéntanse legítimamente defraudados: la pregunta del Cabildo fue precisa: nos dio el mandato de revisar la actual relación con el Estado dentro del marco legal y democrático.
No hay que olvidar que, la pregunta fue formulada en un Cabildo que está constitucionalizado y para sentar jurisprudencia, el planteamiento no puede salirse de ese marco. Además, como departamento, nosotros no tenemos potestad para que, en un cabildo local, decidamos por el resto de los departamentos de Bolivia.
Si hay gente que esperaba una proclama federal inmediata, que confiera a cada departamento de Bolivia sus propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial, no se sientan frustrados. Estamos allanando el camino.
La pregunta del Cabildo que generó este proyecto, hacía estrictamente referencia a la relación de Santa Cruz con el Estado central. Es un problema bilateral, y el federalismo es departamentalmente multilateral.
Pero es el comienzo: autonomía y federalismo no son modelos opuestos, sino, complementarios. De ahí que venimos refirmando que la autonomía es el camino… no el destino.
Por ahora, es imperativo no frustrar expectativas creadas con proyectos de muy largo plazo que resultan complejos y suponen sustituir por completo toda la Constitución.
Hemos tenido mucho cuidado de no llegar aquí con propuestas vacías, proyectos irrealizables, planteamientos sin fundamentos y planes sin estrategias. Nosotros no estamos para improvisar.
Para hacer viable este plan, se identifican las medidas a corto y mediano plazo que viabilicen un cambio sustancial y cualitativo en la relación de Santa Cruz con el Estado, definiendo una «ruta crítica», que indica a los responsables de llevarlo a cabo, las acciones concretas a ejecutarse y resultados esperados, sin perjuicio de replicarse este proceso en otros departamentos.
En un primer tramo, la estrategia está referida a la implementación de diez específicas medidas de orden jurídico, administrativo y normativo, sin cambiar la Constitución.
Para la segunda fase se incluyen dos importantes transformaciones que también identifican acciones, responsables y resultados, previa modificación parcial de la Constitución, incrementando de 36 a 57 las competencias exclusivas del gobierno departamental autónomo y aumentar de 43 a 48 las competencias exclusivas del nivel municipal.
Así también, realizar modificaciones concretas en el régimen de competencias concurrentes y compartidas, replanteando quién legisla, quién reglamenta y quién ejecuta.
Pero, más importante que la cantidad de las competencias formuladas en el catálogo propuesto, es la cualidad de cada una.
En esta segunda fase también se incluye un proceso descentralizador de las principales instituciones estatales, así como el procedimiento previo al nombramiento de autoridades administrativas, judiciales y electorales departamentales que les dote de una mayor autonomía técnica, administrativa y legal.
Este proceso descentralizador de la institucionalidad estatal con presencia territorial a nivel departamental se refiere, además, a la provisión de los cargos jerárquicos en el Ministerio Público, Contraloría, Procuraduría, Defensor del Pueblo, Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Departamental, Gestora Pública, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Autoridad de la Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASSUS), Autoridad de Pensiones y Seguros (APS).
Tenemos aquí la herramienta constitucional, jurídico y normativa, además, la legitimidad de las propuestas construidas por cientos de personas e instituciones que han trabajado en el proyecto durante estos diez meses.
En nuestra base de datos está el trabajo analítico de toda la sociedad civil, y también se incluye la propuesta constitucional y el plan de acción.
Hacerla viable no depende exclusivamente del Comité pro Santa Cruz, depende de todos los actores políticos, y de la sociedad civil.
Depende, obviamente, de tomar conocimiento, generar conciencia, asumir la voluntad y construir unidad. Nada de esto es posible sin previa recuperación del estado de derecho. En dictadura totalitaria no es posible hacer autonomía.
La autonomía es compartir el poder hacia las regiones, democratizar el poder a los departamentos.
Por tanto, tenemos todo un desafío que debe ser alcanzado previamente: LA UNIDAD, unidad de las fuerzas democráticas y, por tanto, un proyecto único, cohesionador y fortalecido.
Ello implica despojarse de caudillismos, mezquindades y pretensiones personales. Implica, desprendimiento, apertura y coincidencia en torno a la causa mayor por la democracia y la libertad.
Solo con unidad, podremos garantizar la fortaleza, la convicción y el compromiso que se requiere para presionar y fiscalizar la realización de un censo oportuno y trasparente y para consolidar un padrón electoral sin contaminación.
Nuestras responsabilidades son compartidas. Los partidos políticos, las instituciones, los individuos.
En lo que respecta al Comité pro Santa Cruz, se nos delegó elaborar un proyecto y hoy lo entregamos a todo el país.
Próximamente, las mesas técnicas que trabajaron en los diferentes análisis sectoriales, se constituirán en comisiones permanentes del Comité para hacer seguimiento y control de cada una de las acciones y planteamientos formulados, en los tiempos y plazos previstos.
Santa Cruz nos ha dado un mandato legítimo e irrenunciable. Un día como hoy, hace un año, tras varias semanas de inmovilización y de ultraje centralista, dos millones de personas acudieron espontáneamente, con firmeza, compromiso y valentía a los pies de El Cristo Redentor.
Esa extraordinaria concentración, convocada con solo dos días de anticipación, en pleno paro, fue la más grande demostración de unidad. De unidad y de clamor por la libertad.
Con unidad y en libertad, vamos recuperar también la democracia.
Nuestro reto inmediato es liberar las autonomías secuestradas.
Con autonomía y en libertad… solo así podremos tener una productiva y saludable relación con el Estado.
El Estado también debe liberarse de las taras de un centralismo que pierde el tiempo, esfuerzo y recursos, agrediendo, asfixiando y agotando a las regiones. Aquí todos ganamos si nos unimos en un proyecto aglutinador de libertad.
El Estado centralista no tiene por qué tenerle miedo a la libertad.
Con este plan nos proponemos abolir una relación tóxica e inquisidora. Todos saldremos ganando, modificando esta relación.
¡Vamos todos!, el reto inicial es liberar las autonomías.
Muchas gracias.
Santa Cruz de la Sierra, 13 de noviembre de 2023