Chiquitania exige acabar con el avasallamiento para una nueva relación con el Estado

Frenar la invasión y usurpación de tierras en la región chiquitana es el principal planteamiento para reconfigurar la relación de Santa Cruz con el Estado, según coincidente análisis de una mesa de diálogo realizada en San Ignacio de Velasco, en el marco del proceso que viene impulsando el Comité pro Santa Cruz

CpSC, 07 de julio de 2023.- Sectores productivos, autoridades cívicas, políticas y población de la Chiquitania, participaron este segundo encuentro provincial. En él se propuso pacto fiscal como política que permita la distribución equitativa de los recursos públicos en favor de las regiones; la descentralización de competencias en materia de salud, educación, deporte, turismo, seguridad ciudadana, pero con los debidos recursos; profundizar la autonomía para que los gobiernos departamentales, municipales y universidades públicas tengan la independencia suficiente para negociar de manera directa las condiciones financieras para la obtención de los créditos externos; seguridad jurídica, fomentar la producción, y levantar el bloqueo a las exportaciones, entre otras medidas.

La mesa de panelistas estuvo integrada por cinco representantes de diversos sectores de la Chiquitania y el encuentro fue inaugurado por el presidente cívico de la provincia Velasco, Dino Franco, quien expresó que “cuando se habla de un nuevo relacionamiento, el Gobierno central se pone nervioso y habla de divisionismo, sin entender que Santa Cruz aporta el 30% del PIB y el 41% de las recaudaciones tributarias salen de aquí mismo y a pesar de ello, no se le retribuye lo que merece”.

En este contexto propuso generar estadísticas departamentales y municipales, dentro del marco de la autonomía y que estas tengan incidencia con las emitidas por el INE; además, disponer competencias en la política de distribución de tierras, crear normativas tributarias a nivel autonómico, pero que estas no tengan que supeditarse a la normativa tributaria nacional. Asimismo, permitir la conformación de ternas para la elección de vocales departamentales.

Por su parte, Luis Soruco, representante de los productores ganaderos de Concepción, manifestó que la relación del Estado hacia Santa Cruz, es una “relación abusiva y prepotente, succionadora de las iniciativas y potencialidades de las provincias”. Denunció que el sector productivo está desprotegido, que existe inseguridad jurídica, falta de fomento, atracción e inversión de capital, tanto para la producción de animales y tierras y que estos han tenido que ser gestionados por cada productor.

A pesar de ello, exteriorizó que los productores hacen su mayor esfuerzo para producir, pero que se ven muy afectados por los avasallamientos de tierras destinadas a la ganadería y agricultura, lo que pone en riesgo, la producción nacional y la seguridad alimentaria del país.

Detalló que exportan 3 mil toneladas de carne, pero que deberían exportar 10 veces más si hubiera condiciones para producir; lo mismo en el tema soya y otros cereales, lo cual generaría millones de dólares de ganancias e ingresos para el Estado. Argumentó que la falta de fomento a la producción y la no autorización de uso de semillas transgénicas que ayuden a aumentar la producción, en la misma cantidad de terreno que la usa Chile, Argentina o Brasil; “está obstaculizada por un falso concepto de defensa del medio ambiente y defensa de la alimentación, lo cual científicamente es falso”.

Mario Rodríguez, presidente cívico de la provincia Germán Busch, denunció por su parte que la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) discrimina a la población de la zona al preferir contratar personal de otros departamentos. Indicó que se ha evidenciado el acarreo de gente y que, de cada 100 trabajadores en la ESM, 90 son chinos. Lamentó que no se promueva en la zona la formación profesional técnica en siderurgia, para que así los pobladores de Germán Bush y sus alrededores, puedan ser incorporadas a la ESM.

Asimismo, el líder cívico pidió al Estado generar las condiciones para que Puerto Busch funcione de manera óptima; dejar de poner trabas a la exportación de soya y carne y parar con la persecución política contra dirigentes cívicos y población que no es afín al partido de gobierno.

En la misma sintonía, Marcelo Méndez, representante cívico de los pueblos chiquitanos, manifestó que el Estado impone una relación de sometimiento, donde promueve los avasallamientos de tierras e impulsa el genocidio de la cultura y costumbres de la Chiquitania.

A su turno, Rolando Castedo, ex alcalde y ex diputado de San Ignacio de Velasco, calificó la relación de Santa Cruz con el Estado, como tormentosa, dolorosa, tóxica, violenta y humillante; de odios ancestrales que ya no deben seguir. Preguntó: “¿Qué necesitamos y merecemos los mestizos en Bolivia? Merecemos, agregó, el derecho de existir y que no nos identifiquen con ninguna de las naciones de las cuales no nos sentimos representados.

Observó que no se ejerce a cabalidad las autonomías al estar restringidas y que los municipios no tienen cartas orgánicas. Propuso Pacto Fiscal, profundizar las autonomías, sanear del Padrón Electoral, lograr la independencia judicial.

Roly Franco, ex presidente del consejo municipal de San Ignacio, reveló que los municipios pagan servicios que son obligaciones del Estado y que, a pesar de ello, éste acapara todos los poderes y usurpa competencias. Demandó la independencia de los poderes, puesto que “el Judicial y el Legislativo están sometidos al poder Ejecutivo, como también el Órgano Electoral”, por lo que recordó que urge el saneamiento del padrón para establecer las condiciones que garanticen la transparencia de las próximas elecciones.

“Agradecemos al Comité por tomar en cuenta a las provincias y municipios en la elaboración de la propuesta cruceña que será planteada al Estado en septiembre próximo; puesto que aquí vivimos realidades diferentes a las que se viven en la capital del departamento. Nos hacen sentir partes de las posibles soluciones que darán bienestar a nuestros pueblos”, concluyó Franco.